El título es tan contundente como cierto. ¿Cuántas vidas ha salvado aquella campaña de utilizar el cinturón de seguridad en el auto desde que se llevó a cabo? ¡Miles! ¿Cuántas vidas salvó la campaña del Aedes Aegypti que hacía Daniel Lugo? ¿Cuántas ha salvado la de no balas al aire en la despedida de año desde que se lanzó? ¿Cuántas vidas nos ha costado la ausencia de una campaña masiva, creadora de conciencia, sobre cómo se transmite el COVID-19 y cómo podemos minimizar los contagios? Sobre un cuarto de millón en los Estados Unidos y cerca de mil en Puerto Rico. Ese silencio educativo es criminal.

Una campaña creativa, enfocada en los distintos niveles socioeconómicos, en perfiles de edad y en áreas geográficas, hubiese salvado muchas vidas. En sustitución del enfoque educativo, la gobernadora Wanda Vázquez ha optado por la línea fácil del enfoque punitivo. El mismo que ha fracasado en el caso de las drogas.

Yo estoy convencido de que cerca del noventa por ciento de la gente, aún con la poca información que se le ha provisto, cumple con las reglas generales del distanciamiento social, el lavarse las manos y el uso de mascarillas. El enfoque punitivo para castigar al diez por ciento que no cumple penaliza también al noventa por ciento que lo hace bien, afecta la economía y crea un caos en el sistema educativo que afectará permanentemente a una generación completa de estudiantes.

¿Y quién castiga al gobierno por el incumplimiento de sus responsabilidades? ¿Se ha cumplido con hacerle la prueba del COVID a la mayor cantidad posible de la población? ¿Se ha desarrollado una planificación basada en el “contact tracing” de dónde son los focos de infección para manejar dichos puntos de contagio? ¿Qué es de la vida del task force médico que antes era protagonista de las conferencias de prensa cuando no había la crisis que ahora enfrentamos? ¿Dónde está la transparencia de lo que se discute entre ese task force médico y el grupo selecto de empresarios que asesoran al gobierno? ¿Por qué el trato a los pequeños comerciantes es diferente al de las megatiendas?

El gobierno tiene la responsabilidad primaria de planificar, ejecutar y educar. Luego de que cumpla a cabalidad con esa responsabilidad, entonces podría señalar como culpable a la población. El principio de que cuando señalamos a alguien siempre hay tres dedos que nos señalan a nosotros también le aplica a esta administración.

La excusa de que no hay dinero para una campaña masiva es baladí. El desperdicio de dinero en subirle el sueldo a los ayudantes antes de entregar el gobierno, entre otras cosas superfluas, contradice la ausencia de fondos. Hay fondos federales para educar que no se han utilizado. Además, el desarrollo de una campaña masiva contaría con el apoyo de todos los que trabajamos en los medios, además de que crearía empleo en la industria de las comunicaciones que languidece ante la pandemia. Artistas gráficos, actores y actrices, en redes sociales, radio, prensa y televisión, estarían más que dispuestos en ser parte de este ejército educativo.

La información que se repite penetra la parte subconsciente de nuestro cerebro y poco a poco va creando una estructura mental que nos programa. Eso es lo que sucedió con el uso del cinturón de seguridad, la campaña de no balas al aire y el mosquito del dengue.

Ante la ausencia de esta campaña educativa por parte de las autoridades gubernamentales, surgen iniciativas ciudadanas, como la de Medios Por Puerto Rico, con #UnMinutoDeSilencio para promover la reflexión y la participación ciudadana en controlar el COVID. Pero estas iniciativas, sin el descargue del gobierno de su responsabilidad no va a ser suficiente. Exhorto a la gobernadora a enfocarse menos en a quiénes de sus allegados va a dejar protegidos con salarios y posiciones, y más en la protección de la ciudadanía. Sustituyamos las multas por la educación y las macanas por el respeto a la inteligencia y cooperación de nuestro pueblo.